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Ante el incremento de la violencia en el país, diversas agrupaciones de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres exigen al Ministerio de Educación, mediante la campaña Educar es Proteger, que implemente una educación en igualdad como respuesta fundamental a la crisis de violencia de género e intrafamiliar en la República Dominicana. Aseguran que se enfrenta una violencia estructural que exacerba la desigualdad, la discriminación y la exclusión social.
La Coalición señala que la falta de información adecuada, las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes son manifestaciones de esta violencia en sus dimensiones institucional y simbólica. Estos factores interrumpen el proceso educativo de niñas y jóvenes, sometiéndolas a un ciclo de vulnerabilidad que perpetúa la pobreza y la dependencia. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el país figuró entre los cinco con mayor porcentaje de embarazo adolescente en América Latina, con una tasa de 90 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años, casi el doble de la media mundial, que es de 51.
Las organizaciones también elogiaron el esfuerzo del Ministerio de Educación por actualizar y fortalecer sus políticas y protocolos para la prevención y atención de la violencia de género, intrafamiliar y sexual. Sin embargo, advirtieron que estas acciones deben ir acompañadas de cambios estructurales profundos que generen transformaciones tangibles en la vida de niñas y adolescentes.
La Coalición puntualizó que la violencia contra la infancia y las mujeres no debe ser enfrentada solo en el momento en que ocurre. La prevención requiere crear entornos educativos seguros, promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la no discriminación, y asegurar que toda la comunidad educativa tenga herramientas para identificar señales de riesgo, reaccionar de manera oportuna y proteger a las víctimas.
En este sentido, la demanda presentada al Ministerio de Educación incluye seis medidas específicas: la implementación efectiva de un currículo con enfoque de género en todos los niveles educativos, la capacitación continua de docentes y directores en prevención de violencia y educación sexual integral, la validación de materiales educativos por parte de organizaciones especializadas, el establecimiento de mecanismos para la detección temprana de uniones precoces y embarazos adolescentes, la creación de espacios de diálogo periódico con la sociedad civil, y la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros para sostener la política en el tiempo.
Asegurar a niñas, niños y adolescentes su derecho a recibir información oportuna, a estudiar, a decidir sobre su propio cuerpo y a vivir libres de violencia también implica garantizar su futuro.
