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Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el regreso al trabajo tras la licencia de maternidad se presenta como un reto significativo para las madres trabajadoras. En la República Dominicana, la legislación establece ciertas protecciones para asegurar la continuidad de la lactancia y resguardar la estabilidad laboral de las mujeres en sus empleos.
El Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley 16-92), específicamente en su artículo 240, reconoce el derecho de las madres trabajadoras a disfrutar de pausas dentro de su jornada laboral para amamantar o extraer leche. Esto incluye tres descansos obligatorios de al menos 20 minutos cada uno, los cuales son remunerados y no se deducen del salario ni se compensan con horas extra. Además, empleadora y trabajadora pueden acordar la reestructuración de estos descansos para facilitar la organización familiar.
En consonancia con la Ley 8-95 que promueve la lactancia materna, las empresas están obligadas a implementar espacios privados, higiénicos y confortables para la extracción y conservación de la leche materna. La legislación dominicana brinda protección considerable a las mujeres durante el embarazo y hasta tres meses después del parto, prohibiendo su despido injustificado en este período. En caso de despido sin justificación, el empleador debe realizar el pago de indemnizaciones aumentadas, a menos que exista una falta grave validada por el Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, aquellas trabajadoras afiliadas al Régimen Contributivo que perciban hasta tres salarios mínimos pueden acceder a un Subsidio por Lactancia, administrado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), el cual se ofrece mensualmente durante el primer año de vida del bebé y se calcula entre un 10% y un 25% del salario de la madre.
Si una trabajadora enfrenta la negativa de su empresa a otorgar los descansos necesarios, o si las condiciones no son adecuadas, puede acudir a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) o presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo.
