El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha dictado una resolución que va más allá del proyecto inmobiliario que dio origen a la misma. Al revocar diversas autorizaciones urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el tribunal no solo cumple una función de supervisión de la administración, sino que también le da la oportunidad de rectificar acciones que contrarían el ordenamiento y el interés público.
En esta ocasión, el TSA desempeñó un papel crucial en la protección del bien común.






