RDI Digital
En República Dominicana, se discute frecuentemente sobre la libertad de expresión, un derecho fundamental para la democracia. La facultad de cuestionar al poder, denunciar abusos y defender ideas poco populares es esencial para la existencia de una sociedad libre.
Sin embargo, hay una conversación que se omite: no todo lo que se hace bajo el pretexto de la libertad de expresión contribuye al debate público. En ocasiones, el fin real es intimidar, silenciar o aniquilar a quienes tienen opiniones diferentes. En la actualidad, al cuestionar a ciertos grupos políticos, sociales o figuras públicas, una persona puede enfrentar un asedio digital. Esto incluye la falta de argumentos válidos en su contra y la revisión de su historial personal, así como ataques a su apariencia y su familia, manipulaciones de su discurso, difusión de noticias falsas y intentos de dañar su ocupación.
Además, se suman amenazas, insultos, exposición de información personal y acoso. En muchos casos, intervienen cuentas anónimas que replican las acusaciones hasta crear la falsa impresión de una condena social unánime. Esto no puede considerarse un debate democrático, sino un tipo de castigo colectivo. Asimismo, existe una distinción clave: recibir críticas no es lo mismo que ser víctima de acoso. Cualquier persona que participe en la esfera pública debe estar lista para que sus ideas sean desafiadas severamente. Aunque la crítica y el rechazo son parte de un sistema democrático, hay una gran diferencia entre expresar desacuerdo con fundamentos y buscar que alguien pierda su empleo, acosarla en redes o amenazarla hasta que se vea forzada al silencio.
La libertad de expresión garantiza el derecho a responder, pero no proporciona un permiso para destruir. La cultura de la cancelación genera un efecto duradero que afecta a una audiencia más amplia; quienes son testigos de estos ataques comprenden que expresar su opinión puede tener un alto costo, lo cual lleva a la autocensura y a evitar ciertos temas, mientras que sólo los extremos se pronuncian, y la mayoría calla por temor. Este clima empobrece el debate público, ya que el criterio se transforma en un deseo de derrotar, humillar y excluir al disidente.
Sin embargo, es vital que la lucha contra el acoso digital no se utilice como pretexto para suprimir la crítica legítima. Las leyes sobre difamación, ciberacoso y violencia digital deben ser escritas y aplicadas con sumo cuidado. Si los términos son demasiado vagos, podrían proteger a figuras poderosas de la crítica pública. La solución no debe ser más perjudicial que el problema original; es necesario salvaguardar simultáneamente la libertad de expresión y la dignidad humana, entendiendo que ambos derechos no son mutuamente excluyentes. Se puede criticar vigorosamente sin deshumanizar, se puede protestar sin amenazar, se puede rechazar una opinión sin hostigar a quien la formule, y se puede exigir responsabilidad sin comprometer la existencia de alguien.
Una democracia no solo se mide por la libertad de expresar ideas afines, sino también por la capacidad de tolerar, debatir y responder a las opiniones que nos desagradan. Si consideramos únicamente válida la libertad de aquellos que piensan como nosotros, en realidad no estamos abogando por la libertad de expresión, sino por el derecho de nuestro grupo a silenciar a otros. La libertad de expresión impone responsabilidades, pero estas deben fomentar un diálogo constructivo y no convertir las redes sociales en juicios arbitrarios.
Una sociedad donde las personas temen expresarse no es más respetuosa; es una sociedad que aparenta silencio mientras subyacen la intolerancia y el rencor. Defendamos la libertad de expresión en su totalidad: para hablar, disentir, responder y, sobre todo, para evitar la destrucción del que piensa diferente.
