RDI Digital
Por JUAN LÓPEZ
La Contraloría General de la República (CGR) anunció con gran alboroto la publicación de los resultados de 28 auditorías realizadas este año a diferentes entidades gubernamentales, mostrando indicadores millonarios de presuntos actos de corrupción. Sin embargo, tras un mes de esas publicaciones, surgen varias interrogantes sobre las acciones que se han tomado.
Entre las preguntas destacadas están: ¿Qué medidas tomó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)? ¿Qué funcionarios han sido convocados para entrevistas en el Ministerio Público o la PEPCA? ¿Qué acciones ha ejecutado la Consultoría Jurídica de la Presidencia? Y, ¿cuántos funcionarios de estas instituciones han sido arrestados o sometidos a allanamientos?
A pesar de las graves irregularidades detectadas en la administración del presupuesto nacional, se observa que no hay acciones significativas contra los involucrados. Para la DIGEIG, los errores encontrados en las auditorías son simplemente subsanables y, por lo tanto, no ha habido repercusiones. Esta situación contrasta con las promesas del gobierno del PRM-Abinader de luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia.
En un resumen de las auditorías publicadas por la CGR, el periódico Panorama, el 7 de octubre, reveló fallas millonarias en el manejo de recursos públicos, donde se identificaron coches no localizados, recursos fuera de la Cuenta Única del Tesoro y pagos sin la documentación adecuada, entre otros problemas. Entre las instituciones señaladas están el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el Ministerio de Educación, y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria, que tienen indicios de fraudes que suman cientos de millones de pesos.
A raíz de estos resultados, es crucial preguntarse por qué la CGR aceleró la divulgación de sus hallazgos y qué acciones ha tomado con base en estos datos. Además, se cuestiona el rol de la Cámara de Cuentas de la República, cuyos deberes parecen haberse transferido a la CGR. La Constitución (Art. 247) asigna a la CGR funciones de control interno y fiscalización, lo que la convierte en cómplice, ya sea por acción u omisión, de las irregularidades detectadas.
Finalmente, es de suma importancia que la CGR haya recogido previamente la opinión de los funcionarios relacionados con las auditorías antes de hacer las publicaciones. Si así fue, ¿por qué no se han visto consecuencias tras un mes de los comunicados? Este silencio plantea la posibilidad de que estas auditorías tengan como objetivo desviar la atención y crear una falsa sensación de transparencia en lugar de tomar acciones efectivas contra la corrupción.
