
Las medianas y grandes empresas que no migraron a la facturación electrónica después del 15 de noviembre, fecha límite establecida por la Ley 32-23, se encuentran ahora en un escenario de incumplimiento formal que puede derivar en multas, rechazo de comprobantes y verificación tributaria intensiva por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Así lo advirtieron expertos de Alanube, proveedor autorizado de facturación electrónica, tras la entrada en vigor plena del sistema de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) en el país.








