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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aún no ha fijado la audiencia para conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra cuatro personas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci, procesadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada el pasado 14 de noviembre durante una excursión escolar.
El abogado de la familia de la menor, Miguel Díaz, afirmó que hasta el momento no han sido notificados formalmente del proceso ni de la solicitud de medida de coerción.
El jurista dijo que se enteraron de los arrestos a través de los medios de comunicación.
“Todavía no se ha programado la hora de la audiencia. Fuimos a preguntar y la información que ustedes tienen es la misma que tenemos nosotros”, indicó Díaz.
Explicó que el tribunal les informó que en el transcurso del día se les entregará el expediente físico, que incluye pruebas y las fílmicas del hecho.
“No queremos criticar ni alabar la solicitud sin verla completa. Debemos verificar los videos y todos los elementos. Queremos un proceso transparente, como lo hemos exigido desde el primer día”, afirmó.
Medidas solicitadas por el MP
El Ministerio Público depositó ayer domingo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente una solicitud de medida de coerción que incluye garantía económica de 50 millones de pesos para cada imputada, impedimento de salida del país sin autorización, presentación periódica ante las autoridades y colocación de localizadores electrónicos.
La coerción se solicita contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
El órgano acusador sostiene que su conducta configura homicidio involuntario y abandono y maltrato de menores.
De acuerdo con la investigación, el colegio movilizó 87 niños con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin consultar si los menores sabían nadar, y sin verificar la profundidad de las piscinas de la hacienda.
El Ministerio Público asegura contar con un video que evidencia “negligencia extrema” tanto de las cuidadoras como del personal encargado de organizar el paseo escolar.
