
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) enfrenta un vacío legal que frena en parte su operatividad. Aunque la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe las malas prácticas, no establece consecuencias propias y obliga a recurrir a la justicia penal, lo que complica la aplicación de sanciones inmediatas en el mercado dominicano.








