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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) de Haití atacó este lunes el territorio bajo control del líder pandillero ‘Manno’ un barrio del centro de Puerto Príncipe bajo control de grupos armados, en el marco del «inicio de sus operaciones» en ese país envuelto en una espiral de violencia.
«Es el inicio de un esfuerzo gradual para degradar a los grupos armados y restablecer las condiciones que permitan a las autoridades haitianas garantizar la seguridad pública», dijo la GSF en una publicación en su página de Facebook.
Los miembros de la GSF estuvieron acompañados por unidades de la Policía Nacional de Haití (PNH) y la ‘Task Force’, un grupo armado bajo control del Gobierno haitiano que dirige el empresario estadounidense Erik Prince.
Según la prensa local, esas fuerzas del orden tomaron el control de la residencia del líder pandillero ‘Manno’ en el barrio capitalino de Village de Dieu, mientras que la policía informó en sus redes que se está llevando a cabo una «gran operación» en esa zona, donde las unidades no operaban desde hacía cinco años.
El pasado abril llegaron a Haití las primeras tropas procedentes de Chad, que conforman esa Fuerza de Supresión de Pandillas, aprobada por las Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas, y que estipula un máximo de 5,500 elementos de varias naciones.
Esta operación sucede después de que el sábado pasado, al menos tres policías y un civil -que acompañaba a la policía- murieron durante enfrentamientos con grupos armados en Verette, en el departamento (provincia) de Artibonite (centro).
Solo en los primeros tres meses de este año al menos 1,642 personas murieron y 745 resultaron heridas, de acuerdo con datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), que asegura que las pandillas fueron responsables del 27 % de las víctimas, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69 % de los muertos y heridos, con decenas de civiles entre ellos niños.
A esto se suma que unos 5.8 millones de haitianos, aproximadamente un 52 % de la población, sufren de inseguridad alimentaria (en categoría 3 sobre 5), mientras que la cantidad de personas desplazadas alcanzó el año pasado 1.4 millones, un nivel sin precedentes, según datos de organismos internacionales.
