El director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, anunció hace unos días a través de una resolución que se fortalecerá la fiscalización sobre la contratación de extranjeros para labores temporales. Es loable, en honor a la verdad,  el celo del funcionario para que se respeten las normas.

Pero, por más que la fiscalización esté dentro de sus atribuciones, no está de más que una decisión tan controversial sea consensuada con  el Ministerio de Trabajo y los sectores empresariales que utilizan mano de obra extranjera.

No siempre es posible, por ejemplo, cumplir con el 80-20 que establece la ley. Menos aún en sectores como la construcción y la agropecuaria, que dependen en gran medida de mano de obra haitiana. Es una realidad que debe entenderse, así como los casos de trabajadores cuyo proceso de regularización está en trámite.

Con el agravante de que la burocracia no se caracteriza por la eficiencia. Las normas tienen que respetarse, pero también hay que ser razonable en los casos que lo ameriten. No se trata de limitar su autoridad, sino de comprometer a los empleadores en el proceso de contratación de extranjeros sin afectar la economía.