Por: Dinys Luciano y Wendy Alba

Integrativa online DVCN y Colectivo Salud Mental RD

La evidencia internacional es clara: sin financiamiento suficiente, las políticas quedan en el papel. A nivel mundial, la mediana del gasto público en salud mental sigue estancada alrededor del 2% del presupuesto sanitario y, en la Región de las Américas, ronda el 3% (1,8% en Centroamérica, México y el Caribe latino; 5% en el Caribe no latino; y 1,8% en América del Sur). Una gran parte de estos recursos continúa concentrándose en hospitales psiquiátricos en lugar de destinarse a redes comunitarias e intervenciones de prevención y apoyo psicosocial. Esta realidad limita el alcance de cualquier reforma legal y mantiene una elevada brecha de atención.

En la República Dominicana, el gasto gubernamental en salud mental equivale al 0,7% del presupuesto de salud (dato 2019 del Atlas de la OMS). Este nivel es inferior al de varios países de ingreso similar en la Región: Costa Rica (4,6%), Panamá (3,0%), Colombia (1,8%) y Ecuador (1,2%). Además, el Atlas señala que no se han estimado ni asignado recursos humanos y financieros específicos para implementar una política de salud mental, que la integración en la atención primaria no alcanza el umbral de funcionalidad (autoevaluación 3/5), y que la fuerza laboral total es de apenas 10,61 profesionales por cada 100.000 habitantes. Estos indicadores confirman que, sin presupuesto, la capacidad operativa para ejecutar una ley será muy limitada.

Las consecuencias del subfinanciamiento y del sesgo hospitalocéntrico son concretas: en las Américas, la mediana de la brecha de tratamiento para trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias alcanza 73,5%; en América Latina y el Caribe llega a 77,9%. A esto se suma que más del 60% del gasto en salud mental en la Región continúa destinándose a hospitales, dejando desatendidos los servicios comunitarios, la prevención y el apoyo psicosocial que acercan la atención a mujeres, jóvenes y comunidades. En 2020, en la República Dominicana, el número de establecimientos de salud mental basados en la comunidad era 18, equivalente a 0,17 por cada 100.000 habitantes.

Enfoque de género e inversión en salud mental

La depresión afecta aproximadamente al doble de mujeres que de hombres. Las brechas en financiamiento impactan de manera desproporcionada en la salud y el bienestar de las mujeres, incrementando desigualdades de género. Incluir un enfoque sensible al género y a las desigualdades interseccionales en la Ley de Salud Mental y en las asignaciones presupuestarias es fundamental. En 2023, se registraron 122.250 consultas psicológicas para mujeres y 74.342 para hombres. Asimismo, la mortalidad por suicidio refleja un impacto marcado en los hombres: en el período 2019-2023 el promedio anual fue de 541 suicidios masculinos frente a 89 femeninos, lo que implica una diferencia de 452 casos y una sobremortalidad masculina de 6,1; es decir, por cada seis hombres que se suicidan, se suicida una mujer. (ONE, 2024)

La evidencia muestra qué funciona cuando se financia. La atención especializada (psiquiatría, unidades hospitalarias generales) es imprescindible para casos complejos, pero debe complementarse con apoyo psicosocial, integración en la atención primaria y respuestas comunitarias centradas en la persona y basadas en derechos. La OMS recomienda escalar servicios comunitarios y fortalecer la atención primaria en salud; las revisiones sistemáticas sobre mhGAP demuestran que capacitar a personal no especialista mejora la detección y el manejo de trastornos comunes; y el análisis de retorno de inversión publicado en The Lancet Psychiatry demuestra que cada US$1 invertido en depresión y ansiedad genera aproximadamente US$4 en productividad y salud, un argumento económico clave para tomadores de decisión.

Además de marcos de derechos, la Ley debe establecer metas presupuestarias graduales y verificables (por ejemplo, acercarse en el corto plazo a la mediana regional de 2% y converger hacia niveles de países pares), con asignaciones protegidas para redes comunitarias y atención primaria en salud (sin descuidar la atención especializada), indicadores de seguimiento y financiamiento de recursos humanos. Esto se alinea con la recomendación de asignar el gasto proporcional a la carga de enfermedad y con los hallazgos del propio Atlas, que documenta la brecha entre leyes y recursos efectivamente asignados. Una ley sin financiamiento no cambia resultados; con financiamiento inteligente, sí.

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