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El Pregonero, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ha reafirmado la sólida evidencia presentada en las 34 líneas de imputación en la acusación por corrupción administrativa que enfrenta Jean Alain Rodríguez Sánchez y otros implicados.
La institución judicial argumentó que estas líneas de imputación detallan una organización criminal estructurada dedicada a la depredación sistemática de los recursos públicos, el lavado de activos y la manipulación de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el mandato de Rodríguez Sánchez. Destacó que este caso representa uno de los más completos en la historia del país, gracias a la extensión y gravedad de los actos delictivos documentados.
Además, se recordó que en este expediente se acusa a los involucrados de desfalcar más de 6,000 millones de pesos del Estado dominicano, lo que ha tenido un impacto profundo en el patrimonio público y el sistema judicial. El Ministerio Público afirmó: “Bajo la dirección de Jean Alain Rodríguez Sánchez se llevó a cabo una conducta criminal planificada”.
También se enfatizó que la estructura delictiva utilizó recursos institucionales para alcanzar dos metas: acumular riqueza ilícita a través de la sustracción de fondos y construir una carrera política, lo que incluyó la destrucción de archivos institucionales.
Las líneas de investigación abarcan una variedad de delitos, desde sobornos y extorsiones hasta sabotajes informáticos. Se enumeran varios delitos, tales como la utilización fraudulenta del Comité de Compras y Contrataciones, la estafa en la provisión de alimentos a centros penitenciarios, la falsificación de documentos, y la destrucción de archivos públicos.
Se evidenció un esquema de corruptela que incluyó la adquisición de equipos inservibles y el uso indebido de un plan de humanización del sistema penitenciario para lavar activos. La lista de incidentes de corrupción también menciona el financiamiento irregular de carreras políticas y el desvío de fondos destinados a pagos por asesoría, así como la manipulación de informes técnicos en compras públicas.
El Ministerio Público detalló más de 25 actuaciones delictivas asociadas a este caso, que no solo incluyen manejo fraudulento de documentos y sobornos, sino también el desvío de materiales y la desviación de evidencias, entre otros delitos.
