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Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha decidido iniciar una investigación de oficio y suspender cautelarmente la licitación nacional llevada a cabo por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para la compra de autobuses urbanos, luego de detectar inicialmente varias debilidades y posibles irregularidades en el proceso.
Esta medida afecta al procedimiento OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005, que ya había adjudicado el contrato a la empresa CK Trans-Motors, S.R.L., mediante un acta del 16 de octubre de 2026. Por la suspensión, las partes involucradas quedan imposibilitadas de firmar o ejecutar contratos hasta que la DGCP concluya su investigación y emita los resultados definitivos.
En una comunicación fechada el 21 de octubre, dirigida al administrador general de la OMSA, Onéximo Antonio González, la DGCP enumeró preliminarmente cuatro puntos que justifican la apertura de la investigación. Estos incluyen cuestionamientos sobre los términos y condiciones relativos al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) aplicable a la importación de los bienes, así como indicios de una posible evaluación irregular de las ofertas económicas.
La DGCP también identificó debilidades en los estudios previos que fundamentaron el procedimiento de contratación y la ausencia de publicidad adecuada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) sobre documentos que forman parte del expediente administrativo. En respuesta a estos hallazgos, se pidió a la OMSA que, en un plazo no mayor a diez días hábiles tras la notificación, presente un informe justificativo sobre la legalidad de las acciones ejecutadas en cada etapa del proceso.
La DGCP verificará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 47-25, su reglamento de aplicación, y las políticas de la institución durante el proceso. La investigación también evaluará el posible impacto de las irregularidades detectadas y cualquier otro hallazgo que surja. Asimismo, se señaló que, si la OMSA no entrega su defensa dentro del plazo establecido, la DGCP podría emitir un acto administrativo basado en los hallazgos iniciales.
Como parte de las medidas cautelares, la DGCP ha solicitado a la Contraloría General de la República que no registre el contrato del procedimiento en cuestión, ni autorice pagos al proveedor que fue adjudicado en la licitación suspendida. La comunicación, que lleva el número DGCP44-2026-004370, está firmada digitalmente por Carlos Pimentel Florenzán, director general de Contrataciones Públicas. La investigación será fundamental para determinar si las acciones ejecutadas durante la licitación se alinearon con la normativa de contrataciones públicas y establecer las posibles consecuencias administrativas de los hallazgos encontrados.
