Control a la corrupción debe cubrir más terreno

Admitido que el país ha experimentado avances en detectar deshonestidades e ilegalidades en daño al patrimonio público para enviar a tribunales a los supuestos autores, parece evidente la persistencia de ciertas lacerantes minucias que encajan en la definición de macuteo y de tratamiento desigual que desde la burocracia estatal reparte autorizaciones y rechazos a proyectos de inversión locales y extranjeros. Un tráfico de influencia que, por demás, logra sobrevivir a las satanizaciones. Desde la principal procedencia de capitales externos (IED) que es Estados Unidos, llegan los resultados de un penetrante sondeo sobre áreas de negocios interesadas en República Dominicana que expresan inconformidad y falta de transparencia y de competencia técnica a nivel institucional de cara al empresariado que llega atraído por el prestigio de estabilidad y de clima favorable a la instalación o expansión de actividades productivas. Y algo peor: se habla de haber sufrido las consecuencias de someterse a licitaciones diseñadas intencionalmente para favorecer a «empresas políticamente conectadas».

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Auténticos desequilibrios que en la práctica generan desventajas en el trato a potenciales expansiones de la iniciativa privada. En suma, la recolección de reacciones a comportamientos de funcionaros públicos en la aplicación de la libertad de empresa ha delatado una insuficiente vigencia de las mejores prácticas internacionales para que el país se distinga en su receptividad a proyectos que lo hagan crecer productivamente. Las quejas por tratamientos inadecuados a inversionistas, generalmente escogidos como blancos de extorsión, incluye al ámbito municipal en el que es probable que, en algunos alarmantes casos, las iniciativas para acrecentar la vida económica en provincias tengan el paso cerrado si no se paga informalmente, y en paralelo, para lucro ilegal de quienes tienen la sartén por el mango en comunidades de la famosa «autonomía edilicia». ¿Será acaso una libertad para las mezquinas apropiaciones indebidas que desprestigian a la República? Los encuestado coincidieron que el presidente Abinader ha cumplido en gran medida su compromiso de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad, a despecho de quienes, desde dentro, no se acogen a las directrices y escapan a sanción.

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