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Si acaso existen, tal parece que en el PRM no funcionan canales institucionales para discutir cancelaciones de empleados en la Administración pública como las denunciadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tras las nuevas designaciones de funcionarios. Tampoco el Ministerio de Administración Pública se ha pronunciado para verificar la denuncia y determinar si proceden o no proceden.
Aunque el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien también es ministro de la Presidencia, ha restado trascendencia a la denuncia, la verdad es que el señalamiento de Pacheco ha evidenciado desprotección a los miembros del PRM. Sin tener a quién recurrir no han encontrado otra puerta abierta para exponer su calvario que la del presidente de la Cámara de Diputados.
Las cancelaciones no se han dado por faltas en el desempeño ni como parte de un proceso de saneamiento, sino para los nuevos incumbentes sustituirlos por sus allegados. Fresco está el caso del general retirado Radhamés Zorrilla Ozuna, quien al ser nombrado en la dirección fronteriza dispuso una ola de cancelaciones para colocar a sus seguidores.
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La denuncia de Pacheco, por peor que haya caído en los predios palaciegos, puede que no plantee una crisis en el PRM, pero sí representa un germen de malestar que el presidente y la secretaria general de la organización, la alcaldesa Carolina Mejía, no deberían ignorar.
Pacheco sabe el porqué denunció públicamente las cancelaciones.
