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Por Elvin Castillo
En el ámbito meteorológico, se conoce como "tormenta perfecta" al fenómeno en el que varios sistemas climáticos convergen, generando un evento mucho más destructivo. Este concepto puede aplicarse también a la política.
Los gobiernos generalmente no pierden el respaldo ciudadano por un solo error o crisis. El desgaste suele comenzar cuando múltiples problemas económicos, sociales y políticos se presentan al mismo tiempo, creando un contexto extremadamente complejo. Esta fase parece estar comenzando a enfrentar el gobierno actual.
No sería justo acharle al oficialismo todas las dificultades que ha enfrentado desde su llegada al poder en agosto de 2020. Su administración ha navegado a través de acontecimientos internacionales sin precedentes como la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el conflicto creciente entre Israel, Estados Unidos e Irán. Estas situaciones han ocasionado inflación, aumento en los precios de las materias primas, encarecimiento de los combustibles, alteraciones en las cadenas de suministro, así como una desaceleración económica mundial. La República Dominicana, como economía abierta, no ha sido inmune a estos efectos.
Sin embargo, es importante señalar que, mientras se lidiaba con estas crisis externas, el gobierno ha estado acumulando problemas internos que han complicado aún más el panorama. La primera de estas tormentas es fiscal, ya que las brechas en las finanzas públicas limitan la capacidad de acción del gobierno. Aunque el crecimiento de la economía dominicana supera el promedio regional, sus finanzas públicas muestran signos alarmantes. Según datos oficiales, la deuda del Sector Público No Financiero se aproxima al 48% del Producto Interno Bruto, lo que consume una creciente porción de los recursos del Estado y restringe la inversión en áreas cruciales como infraestructura, salud y educación.
El endeudamiento no es, de por sí, una decisión negativa. Los gobiernos suelen recurrir al crédito para financiar inversiones o enfrentar crisis. La discusión relevante debe centrarse en el propósito de la deuda, su costo y la capacidad del Estado para mantenerla sin sacrificar inversión pública ni estabilidad fiscal. Cuando el gasto corriente supera la inversión y una parte significativa de los ingresos se destina a pagar intereses, el margen de acción del gobierno se ve reducido y se incrementan las presiones fiscales.
La segunda tormenta es de carácter político. El gobierno organizó un Consejo Económico y Social para discutir un paquete de reformas estructurales, cuyos resultados no fueron los esperados. Luego, presentó una reforma constitucional cuya necesidad no logró comunicar efectivamente a la población. También intentó avanzar en legislación que varios sectores interpretaron como una amenaza para la libertad de expresión, reviviendo cuestionamientos durante el debate del nuevo Código Penal y la Ley de Residuos Sólidos. Estas iniciativas, lejos de ser vistas como logros, generaron controversia por la percepción de un proceso de discusión insuficiente.
Un contraste notable fue el Plan de Rescate Anticrisis, el cual se manejó con una comunicación más efectiva, logrando una recepción positiva inicialmente. Sin embargo, tras su aprobación, surgieron críticas sobre la inclusión de disposiciones controversiales, alimentando dudas sobre su tramité.
La tercera tormenta se relaciona con la comunicación. Todos los gobiernos cometen errores, pero la capacidad de anticiparse a los conflictos y comunicar decisiones es lo que los distingue. En muchas ocasiones, el actual gobierno ha reaccionado una vez que los problemas ya estaban presentes, permitiendo que otros definan la narrativa. La percepción política es crítica; al perder la habilidad de explicar sus decisiones, el gobierno pierde confianza.
La cuarta tormenta es el creciente descontento social. Hoy, la población se preocupa por el alto costo de vida y los precios de los combustibles, exigiendo respuestas a problemas estructurales. Además, ciertos sectores económicos también muestran inquietud ante decisiones fiscales y regulatorias, generando tensiones con diversos gremios. Cada uno de estos desafíos podría manejarse por separado, pero juntos se convierten en una realidad política más compleja.
Hay una quinta tormenta, posiblemente la más peligrosa: la convergencia de las cuatro anteriores. El mayor riesgo que enfrenta el gobierno no es cada uno de estos desafíos por separado, sino que, por primera vez, se encuentra enfrentando simultáneamente cuestionamientos de distintos sectores, desde la clase baja hasta la media, así como de parte del empresariado y diversos gremios.
