DNN Digital
Mildred Margarita Victoria, la mujer de 29 años de edad acusada de quemar a una perra con agua caliente mientras se refugiaba con sus cachorros de las lluvias en la escalera del edificio en donde reside, negó que maltratara a la canina.
La imputada aseguró que en el momento que se dice ocurrió el crimen, el 8 de abril del 2025, en horas de la tarde en la calle Américo Lugo, del sector Villa Juana, no estaba en el lugar del hecho porque trabajaba y que, además, nunca sometería a un animal a semejante crueldad debido a que es “animal lover”, que posee “pececitos”, “pajaritos” y “hasta un chihuahua” que rescató de la calle.
- “Yo soy una madre luchadora, soltera, que me dedico únicamente a mi hija y a mis animalitos, no sé de qué se me está acusando porque soy un “animal lover”, aseguró Victoria, según la resolución que dictó apertura de juicio de fondo contra ella.
La envían a juicio
La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción, Patricia Padilla, acogió los elementos de pruebas presentados por el Ministerio Público y dictó apertura de juicio de fondo contra Victoria.
La magistrada rechazó los argumentos de la imputada y de su abogado Becquer Dukaski Payano Taveras, quien arguyó que los testigos presentados por la fiscalía no pueden “acreditar ese evento”, de que su defendida puso a hervir agua en una olla en su estufa y luego se la tiró a la perra.
Según defensores de los animales, la perra resultó quemada en un 80 por ciento de su cuerpo y se recupera en hogar refugio actualmente.
Lourdes Rodríguez, de la Fundación Protección Animal Nacional y Hogar Canino Rodríguez, afirmó en enero que no fue la primera vez que Victoria agredía a la perra, un día antes de echarle el agua caliente le había lanzado ácido de batería.
Afirma que en una primera ocasión, le dio también «una patada» a la perra preñada, que provocó que murieran los cachorros de ese embarazo.
La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción le ratificó la medida de coerción a la mujer, consistente en presentación periódica al tribunal y una garantía económica que, según los que la acusan, es de 8 mil pesos.
