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Marielis Yoanna Beltré Féliz, de veinte años, salió el domingo de su hogar en Majagual, Azua, con la intención de comprar unas toallas sanitarias. En su camino, fue interceptada por cuatro hombres armados, quienes la agredieron sexualmente, causándole lesiones tan severas que falleció esa misma noche en el Hospital Regional Taiwán, mientras los médicos luchaban por salvar su vida. Al día siguiente, su padre tuvo que acudir a la fiscalía para presentar una denuncia, dado que su hija fue asesinada mientras iba a adquirir algo tan básico como un producto de higiene.
En este país, existe la peligrosa tendencia de etiquetar como moda lo que en realidad constituye un patrón de violaciones silenciado y normalizado durante años. Esta situación se ha vuelto más visible porque las víctimas y sus familiares están dispuestos a hablar, y las redes sociales impiden que el silencio institucional borre estos casos con la facilidad de antes. Lo alarmante no es que esto sea nuevo, sino que ahora estamos comenzando a reconocerlo. Las violaciones en grupo no tienen límite de edad; han afectado a niñas, adolescentes, mujeres adultas y ancianas. Al revisar las estadísticas de la Procuraduría General de la República sobre agresiones sexuales, los números son devastadores, aunque rara vez forman parte del discurso público hasta que casos como el de Marielis obligan a mirar lo que las cifras han estado advirtiendo en silencio.
El caso de Azua revela un nivel de brutalidad que exige ser nombrado sin eufemismos. No fue solo una violación; se trató de una tortura que resultó en la muerte de la joven. Este acto no es simplemente un exceso de violencia sexual, sino un asesinato en grupo llevado a cabo por cuatro hombres que decidieron que el cuerpo de Marielis, que solo salió a comprar un producto esencial, les pertenecía. La sociedad debe cuestionarse, con la misma dureza que el crimen implica, ¿qué debería haber para individuos así? ¿Cárceles efectivas con penas que reflejen la gravedad del crimen, o más de lo mismo: prisiones preventivas, procesos lentos, reducción de penas y eventual reinserción en la sociedad para quienes han demostrado ser capaces de torturar y asesinar?
En casos de violencia sexual extrema en grupo, que resultan en muertes, la discusión sobre la reintegración social debe dar espacio a la necesidad de proteger a la sociedad. Este país tiene que decidir si sus leyes y sistemas judiciales están a la altura ante esta exigencia o si continuarán tratando estos casos como hechos aislados que suscitan indignación temporal, pero que luego se desvanecen en el sistema judicial sin que se tengan noticias de los culpables.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en agosto, incrementa las penas para delitos graves y fortalece la protección de las víctimas, lo que es un paso relevante. No obstante, ningún código por sí solo puede cambiar una cultura que sigue produciendo hombres capaces de llevar a cabo estos actos.
Marielis no era simplemente una estadística; era una joven de veinte años que no consiguió llegar a la farmacia. Este país no solo le debe indignación pasajera, sino justicia genuina y, sobre todo, la obligación de que esto no se convierta en una moda que regresará bajo diferentes nombres.
