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El más reciente feminicidio ha reabierto una inquietante pregunta que como sociedad hemos evadido por demasiado tiempo: ¿quién se encarga de vigilar a aquellos que tienen la función de protegernos?
Cada vez que una mujer es asesinada por un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, la reacción es casi siempre la misma. Indignación, titulares en los medios, condenas, y luego, en cuestión de días, el silencio se apodera del asunto. Después, un nuevo caso reanuda el ciclo.
Lo alarmante es que estos no son eventos aislados. Anualmente, se reportan policías y militares involucrados en feminicidios en República Dominicana. Aunque cada situación tiene sus particularidades, la repetición constante debería ser suficiente para encender las alarmas de nuestras instituciones.
Se trata de no estigmatizar a los miles de hombres y mujeres que sirven con dedicación en estos cuerpos armados. La mayoría actúa con ética y compromiso. Por respeto a ellos, es esencial que las autoridades encaren este tema con la seriedad y la transparencia que requiere.
La cuestión no es por qué un solo individuo comete un delito, sino qué mecanismos están en funcionamiento para detectar a tiempo a aquellos que podrían estar en riesgo.
Un policía o un militar no es un ciudadano común. Empuña un arma, recibe entrenamiento táctico y está expuesto a altos niveles de estrés. Generalmente, trabaja largas horas y enfrenta situaciones traumáticas, en un ambiente marcado por la violencia. Todo esto debería hacer de la salud mental una prioridad, no un tema secundario.
Sin embargo, es complicado encontrar campañas de evaluación psicológica continuas, programas públicos de manejo de la ira, o protocolos claros que permitan un seguimiento adecuado y la detección de señales de advertencia antes de que se produzcan tragedias.
¿Qué medidas se toman cuando un agente tiene múltiples denuncias por violencia intrafamiliar? ¿Qué ocurre si muestra conductas agresivas persistentes? ¿Existen evaluaciones obligatorias? ¿Se revisa su acceso a armas? ¿Tienen un acompañamiento psicológico continuo? Estas son interrogantes legítimas que requieren respuestas claras.
La prevención no debe limitarse a un examen inicial al ingresar a una institución; las personas evolucionan y las circunstancias cambian. Por ello, las evaluaciones deben ser permanentes y no solo un requisito para el ingreso.
Si las estadísticas indican que miembros de cuerpos armados están frecuentemente implicados en feminicidios, ignorar esta problemática ya no es una opción viable. Lamentar cada tragedia no es suficiente, y castigar a posteriori no resuelve nada. La auténtica responsabilidad radica en prevenir el delito.
Una sociedad madura no solo solicita justicia para las víctimas, exige también medidas de prevención, supervisión y rendición de cuentas. Porque cuando quienes deben preservar la vida la arrebatan, el foco de la conversación no debe ser solo lo que ocurrió, sino qué hemos hecho —o dejado de hacer— para evitarlo; y estas respuestas no pueden esperar más.
