RDI Digital
SANTO DOMINGO.– Ana Brioso, especialista en finanzas personales y empresariales, expresó su apoyo a la Resolución JM 260319-03 de la Junta Monetaria, destacando que sus directrices son fundamentales para fortalecer la responsabilidad de las entidades financieras al otorgar créditos y prevenir que los ciudadanos asuman deudas que excedan su capacidad económica.
"Celebro esta nueva resolución, ya que pone un freno a situaciones en las que muchas veces el ciudadano se endeuda más de lo que puede manejar. Cada persona debe asumir su responsabilidad, pero las instituciones financieras también deben ser más cautelosas sobre hasta dónde puede llegar un prestatario", afirmó Brioso durante su participación en el programa Desahógate, transmitido por la emisora Zol 106.5 FM.
La experta enfatizó que las entidades deben realizar un análisis exhaustivo de la situación económica de cada persona antes de otorgar un préstamo. "No se puede conceder un crédito a alguien que no pueda pagar, porque eso sólo llevará a complicaciones graves", subrayó.
Brioso planteó que la responsabilidad a la hora de manejar créditos debe ser compartida. En su opinión, tanto los usuarios deben examinar sus capacidades financieras antes de comprometerse con una deuda, como las entidades deben actuar con prudencia al ofrecer financiamientos.
La especialista advirtió que incurrir en compromisos que exceden los ingresos puede generar problemas económicos que afecten la estabilidad familiar y la posibilidad de cubrir otras obligaciones esenciales. Además, instó a los ciudadanos a informarse sobre las condiciones de los productos financieros, evaluar sus ingresos y gastos, y determinar cuánto pueden destinar al pago de una deuda, antes de solicitar un préstamo o utilizar el crédito de sus tarjetas.
Finalmente, Brioso solicitó a las entidades financieras que fortalezcan sus mecanismos de evaluación crediticia, considerando la capacidad real de cada solicitante, para así fomentar una concesión responsable de créditos. Su perspectiva resalta la importancia de que la protección del usuario financiero no dependa únicamente de las decisiones individuales, sino también de las prácticas responsables de las instituciones crediticias.
