RDI Digital
Por JUAN LÓPEZ
El co-presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó en una declaración pública el pasado martes: “En Nicaragua no se volverán a realizar elecciones…”. Estas sorprendentes afirmaciones causaron asombro y generaron vergüenza en la ciudadanía latinoamericana, especialmente entre los sectores progresistas. Sin duda, estas palabras parecen ser el resultado de una desmesurada e irresponsable búsqueda de poder.
Como es sabido, diversas organizaciones y líderes progresistas en América Latina han mostrado su respaldo a la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura brutal de Anastasio Somoza a través del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El triunfo de la revolución sandinista en 1979 fue celebrado por el mundo progresista.
Cuarenta y cinco años después, tras 29 años de gobiernos del FSLN, la información que surge de Nicaragua es alarmante. La comunidad internacional ha comenzado a exigir nuevamente la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, así como la realización de elecciones justas y transparentes.
Daniel Ortega, quien fue Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1981 a 1984, ocupó la presidencia de 1985 a 1990, y luego regresó en 2007 para los periodos 2007-12, 2012-17, 2017-22 y 2022-27, ha estado en el poder junto a su esposa, Rosario Murillo, quien también desempeña el rol de co-presidenta. En su mandato, han realizado cambios significativos en la constitución para consolidar su control, proponiendo afianzarse en el poder a través de tácticas ilegítimas y abusando de sus recursos.
En consonancia con nuestra posición crítica frente a la dictadura que ejercen los co-presidentes nicaragüenses, expresamos nuestro rechazo categórico a las siguientes declaraciones de Ortega:
1. “En Nicaragua no volverá a haber elecciones para evitar que ellos (la oposición política) puedan volver a atrapar el poder.” 2. “Resulta increíble que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas en sus máximas instituciones.”
Apoyamos, por lo tanto, la decisión del gobierno dominicano de rechazar las declaraciones anti-democráticas de Ortega y de convocar a consulta a su representación en Nicaragua. Es esencial que los gobiernos democráticos y las instituciones internacionales como la ONU, OEA, MERCOSUR, CEPAL, CELAC, SICA y CARICOM se pronuncien el respecto y adopten medidas diplomáticas y comerciales contra el régimen nicaragüense.
Finalmente, instamos a los partidos y organizaciones de la sociedad civil que defienden la democracia y el respeto por los derechos humanos a unirse en el rechazo al deterioro de la institucionalidad en Nicaragua, ya que el gobierno actual ha pasado a ser una verdadera vergüenza para toda América Latina.
