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Por: Williams Reynoso Sánchez .- Dirigente del PRM en España / Gestor Cultural / Analista Político
En el ámbito político de la República Dominicana, tradicionalmente marcado por la acumulación de poder y la reluctancia a desprenderse de los beneficios del Estado y el partido, la decisión de Juan de Jesús Garrigó Mejía de renunciar a su posición como viceministro Administrativo de la Presidencia no solo sorprende, sino que establece un precedente de responsabilidad, elegancia y prudencia en la política.
Tras asumir oficialmente la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el pasado domingo 6 de septiembre en un acto masivo en el Polideportivo de San Carlos, donde también el presidente Luis Abinader tomó la presidencia del partido, Garrigó disponía del camino institucional despejado para continuar en la función pública.
Desde una perspectiva normativa, la decisión de Garrigó Mejía cobra mayor importancia. Aunque el Artículo 144 de la Constitución Dominicana prohíbe ocupar más de un cargo remunerado en la administración pública (salvo para la docencia), la dirección de un partido político no se considera un puesto estatal ni implica un salario del erario.
Asimismo, en el ámbito legislativo, la Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Artículo 80, restringe el activismo político a las jornadas laborales, mientras que la Ley No. 20-23 Orgánica de Régimen Electoral no impide que un líder partidario asuma un alto cargo en el Gobierno. Además, los Estatutos del PRM no especifican incompatibilidad entre ser Secretario General y un viceministerio.
La experiencia reciente del partido refuerza esta posibilidad: José Ignacio Paliza ejerció simultáneamente su liderazgo en el PRM mientras ocupaba altos cargos gubernamentales. Sin embargo, Garrigó decidió no ampararse en el vacío legal ni en la costumbre, optando por una separación ética entre la gestión estatal y la dirección partidaria para dedicar completamente su tiempo y esfuerzo al partido pensando en el 2028.
El abandono de su cargo resalta un contraste interesante con la trayectoria de su madre, Carolina Mejía, quien ha estado al frente del PRM desde 2018 mientras también ejercía la Alcaldía del Distrito Nacional. La diferencia radica en que, mientras Carolina contaba con un mandato popular directo, el cargo de Garrigó dependía de una designación presidencial, lo que muestra su entendimiento de los límites entre un cargo electo y uno nombrado.
En su discurso ante un enérgico público de perremeístas, Garrigó afirmó: *«Yo soy el nieto de Hipólito Mejía y el hijo orgulloso de Carolina Mejía»*. Este mensaje no solo expone su orgullo familiar, sino que desafía a quienes podrían descalificar su ascenso por nepotismo. Garrigó ha sido un político forjado en la militancia, habiendo crecido en el entorno político desde temprana edad.
Su renuncia al viceministerio presenta un reto moral significativo para otros miembros de la clase política que tienen aspiraciones presidenciales. Si el nuevo secretario general del partido se distancia de los beneficios gubernamentales para promover la equidad interna, ¿con qué autoridad pueden los otros precandidatos utilizar los recursos de sus ministerios para sus campañas?
Aunque se puede considerar su decisión como un movimiento estratégico para fortalecer su posición en la política, lo innegable es que su postura refleja madurez, coherencia y un compromiso con la integridad. Al renunciar a su cargo gubernamental, Garrigó Mejía logra adquirir una valiosa autoridad moral en la política actual, lo que le permite exigir condiciones justas a quienes buscan liderar el país.
