RDI Digital
Por Danylsa Vargas
La situación en las prisiones dominicanas es alarmante, con más del 60 % de hacinamiento y condiciones deplorables. Estas cárceles, en vez de funcionar como centros de rehabilitación, se han convertido en verdaderas bodegas de delincuentes.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) reconoce que ha habido avances limitados, pero los informes de fuentes independientes son claros: las prisiones están saturadas, los internos viven sin dignidad, y son escasos los programas de rehabilitación efectiva. Además, miles permanecen en prisión preventiva sin una sentencia definitiva, lo que refleja una justicia lenta.
El sistema penitenciario se encuentra colapsado y, en lugar de disminuir la criminalidad, parece alentarla. Dentro de las cárceles operan estructuras dedicadas a delitos como estafas y extorsiones, y en ocasiones se han vinculado con la planificación de crímenes más graves como secuestros y asesinatos.
Recientemente, los incidentes en el Centro Correccional Las Parras han reabierto el debate sobre la eficacia del sistema. Aunque Las Parras fue diseñado como un modelo de modernización, los eventos recientes indican que el problema no se resuelve simplemente construyendo nuevas instalaciones. Sin un control efectivo, personal capacitado y una política clara de reinserción social, cualquier nuevo centro corre el riesgo de replicar los mismos desafíos existentes.
El diálogo debe ir más allá de la construcción de más cárceles; la reforma real implica abordar la sobrepoblación, reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, fortalecer los programas de educación y trabajo, y asegurar el control efectivo sobre los recintos penitenciarios.
Es fundamental que la República Dominicana trate el sistema penitenciario como una prioridad estatal en lugar de un asunto secundario. El colapso de las cárceles no se refiere solo a infraestructuras deterioradas; es un fallo en un modelo que no logra garantizar derechos ni transformar conductas.
Para garantizar un país más seguro y justo, debemos reconocer que la prisión debería ser más que un castigo. Debería representar una oportunidad para la rehabilitación y reinserción. Cuando esto no se logra, no solo pierde el interno; también pierden las víctimas, la seguridad ciudadana y la sociedad en su conjunto.
